«El panorama es feroz y rige un estado de excepción no declarado, porque Colombia aparenta un estado de derecho pero no respeta ninguna garantÃa constitucional. Cuando su ministro de Defensa propone destinar 50 millones de pesos para detener a cuatro supuestos autores de un ataque, sin prueba ni causa judicial, está aplicando una estrategia para eliminar lÃderes y lideresas, porque los imputados siempre son dirigentes estudiantiles, sindicales o de movimientos sociales».
La narración le corresponde a Ismael Jalil, abogado y referente de la Correpi, que integró la «Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos» desarrollada en Colombia entre el 25 de mayo y el 2 de junio. Al finalizar su evaluación, los expertos difundieron un informe donde denuncian «desapariciones forzadas de personas, delitos contra la vida (homicidios y lesiones), delitos contra la integridad moral (torturas) y delitos contra la integridad sexual (