Los jefes y operadores de la dictadura de Cuba están cometiendo -in fraganti- crímenes de lesa humanidad y terrorismo de estado contra la población civil indefensa. Se trata de hechos delictivos anunciados, confesados y reivindicados por los autores y probados y documentados por la ciudadanía y la prensa internacional. La seguridad de la dictadura castrista y de sus sicarios institucionalizados es la impunidad, frente a la que las democracias y el sistema internacional tienen la obligación de individualizar a los autores para que los crímenes de lesa humanidad y de terrorismo de estado se sancionen.