La llamada Ley Ingrid contempla una pena de cárcel hasta por 6 años en caso de involucrarse con el contenido gráfico de un crimen y fue aprobada desde el lunes
El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la
Ley Ingrid para castigar, hasta con ocho años de prisión, a los funcionarios públicos que filtren imágenes o información de víctimas; el delito tiene agravantes cuando se trate de mujeres menores o mayores de edad.
Para ello, se adicionó el artículo
227 Bis al Código Penal local, donde establece una pena de 3 a 6 años de prisión y multa por un importe equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, a quien:
“por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan”.