La medida, que ha permitido detener sin orden judicial a más de 52.000 presuntos pandilleros, suspende la libertad de asociación y el derecho a la defensa de un procesado, entre otras restricciones.
El Gobierno accede a dar más tiempo a las empresas para renovar la solicitud y da marcha atrás para que si pasados diez días desde la presentación no hay respuesta, se d