La ley prohíbe que una institución colaboradora del Sename ejecute programas de diagnóstico y, al mismo tiempo, de protección. Como se entrega una subvención por cada menor atendido, la norma busca evitar que se incremente artificialmente el número de niños enviados a un programa de protección solo para aumentar los pagos. Sin embargo, de las ocho instituciones que hacen diagnósticos, al menos cuatro tienen en sus directorios a personas que se repiten en cargos de otras entidades que ejecutan programas de protección. Un ex director del Sename y dos juezas de Familia lo califican como “gravísimo”. Una entidad que aplica estos programas se negó a informar su directorio para este reportaje y otra admitió que la ley la obligó a crear un nuevo organismo.