Editorial Publicado el 23/07/2021 Parecería que existe una especie de competencia, entre algunos altos funcionarios del Poder Ejecutivo, por asumir actitudes que coartan las libertades ciudadanas. Es el caso del Viceministro de Régimen Interior, quien, al referirse al polémico tema del supuesto “tráfico de armas” que habría enviado el Gobierno argentino a Bolivia en noviembre de 2019, advirtió a “quienes en este momento estén intentado confundir (…) que lo piensen muy bien, porque pueden asumir las responsabilidades de las vinculaciones”. Esa declaración bien puede interpretarse como una amenaza de juicio para quienes cuestionan las versiones del oficialismo acerca del asunto en cuestión. Un asunto que desde que surgió a partir de la aparición de una carta de agradecimiento firmada por el ahora encarcelado excomandante de la FAB, en una fecha en la que ya no ejercía esas funciones estuvo y está plagado de contradicciones y declaraciones
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