Públicamente han sido llamados héroes. Sus familias, pacientes y colegas siguen llorando su ausencia. Y pese a todo lo anterior, las familias dolientes aún tiene una batalla más que luchar: que el Gobierno les pague el seguro de vida o compensación económica avalada mediante el decreto 723 aprobado por la Asamblea Legislativa para el personal de salud que falleció a causa del COVID-19.
Pese a que el Gobierno publicó en agosto de 2020 que el seguro de vida se había hecho efectivo, con un inversión en pólizas por $2.5 millones; ayer 203 familias denunciaban lo contrario y recordaban que el héroe que falleció no solo era un profesional de salud, sino en su mayoría cabezas de familia y el sostén económico.