El proyecto de una nueva Constitución que promueve la Presidencia, a través de un equipo liderado por el vicepresidente Félix Ulloa, sigue generando preocupaciones por sus posibles implicaciones negativas para la democracia y las libertades fundamentales en El Salvador, incluyendo las de expresión y prensa. Este proyecto tiene una génesis ilegítima, pues ha surgido del gobierno central, lo que contradice el procedimiento para reformar la ley máxima y, de hecho, ya hay demandas de inconstitucionalidad al respecto. Además, es promovido por el mismo gobierno que en repetidas ocasiones ha incumplido la ley y ha dado golpes al balance de poderes y derechos de los ciudadanos. El borrador que Ulloa ha dado a conocer abre la puerta a nuevos cuerpos armados, elimina filtros para la elección de funcionarios de segundo grado (magistrados, fiscal general, entre otros), y facilita el camino a reformar la Constitución misma, lo que podría dejar al principal cuerpo legal vulnerable a vaive