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Compartir en WhatsApp La principal demora se da por el escueto equipo pericial contable del STJ que debe trabajar sobre todas las causas.  Todos coinciden en que el enriquecimiento ilícito es el delito más difícil de comprobar de los que afectan al erario público. Lo regula el artículo 268 del Código Penal, impone una pena que incluye prisión de 2 a 6 años, una multa que se calcula entre 2 a 5 veces del valor enriquecido y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los investigadores deben determinar el patrimonio del investigado, como así también a otras personas de su entorno que pueden hacer de prestanombre o testaferros. Una vez que se sabe cuánto es el patrimonio mediante una pericia contable, se establece un plazo para que el denunciado pueda justificar el crecimiento patrimonial. Lo que se mide son todos los bienes registrables (viviendas, automóviles, depósitos, etc.).

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