Se supone que hoy viernes se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario en La Palma y que se tomaran las primeras medidas en beneficio de los damnificados por la erupción. Caben razonables dudas al respecto. El equipo gubernamental, con el presidente a la cabeza, está locamente empeñado en una carrera contra sí mismo para proyectar una imagen indestructible de empatía, eficiencia y eficacia. Pero la realidad no se materializa al conjuro de una nota informativo o una rueda de prensa. Esto no es anunciar por enésima vez la ley de renta ciudadana para ya mismo o parlotear sobre los fondos Next Generation y su capacidad para reformar la economía canaria del blablablá. Quien tome la palabra tras la reunión del Consejo de Gobierno debe saber que se estará dirigiendo en primer lugar a los miles de desalojados – la propia Presidencia es incapaz, hoy, de precisar exactamente su número – y que se le escuchará con cansancio, escepticismo e impaciencia. El Gobierno autonómico no puede tomar apena medidas –salvo abrir algunos procedimientos administrativos y créditos extraordinarios – precisamente porque no dispone todavía de toda la información sistematizada sobre los destrozos que han causado el fuego, la lava y la ceniza. El mismo consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, informaba ayer que se está evaluando la compra de unas 280 casas desocupadas que podrían utilizarse. Es grotesco anunciar medidas concretas cuando la evaluación de los daños y amenazas de una situación dinámica y cambiante no ha podido culminarse. No es bueno – ni siquiera responsable – anunciar soluciones antes de haber estudiado todos los aspectos de un complejo problema: restituir una vida normalizada a los ciudadanos que se han quedado sin techo y a veces sin medios de subsistencia.