Tras la divulgación de un informe sobre el pago de una indemnización entre 33.000 y 100.000 bolivianos a familiares de 17 víctimas de Senkata, una representante de este sector y el exdiputado Amilcar Barral abrieron polémica en torno al derecho de seguir exigiendo al Estado un resarcimiento. Según Barral, quien era miembro de la comisión legislativa que investigó las muertes