Tiendas obligadas a permanecer cerradas en torno de las sedes olímpicas. Visitantes obligados a instalar aplicaciones intrusivas y permitir el rastreo por GPS. Agentes en los hoteles para impedir que los participantes entren en contacto con el común de los japoneses o vayan a restaurantes a probar el sushi.
El gigantesco dispositivo de seguridad japonés para los inminentes Juegos Olímpicos de Tokio provoca quejas de que las medidas son más propias de un Estado autoritario como China o Corea del Norte que de una democracia vigorosa y dinámica.
Sin embargo, la mayor preocupación no es tanto la invasión de la vida privada por el Estado. Es más bien que las precauciones no bastarán para impedir que los aproximadamente 85.000 deportistas, funcionarios, periodistas y otros que llegan a Japón introduzcan variantes altamente contagiosas del coronavirus en una población con baja tasa de vacunación y donde el contagio va en aumento.