Actualizado a 22/07/2021 01:50
La duda me asalta: ¿sería multado o procesado Ignacio Camuñas por decir lo que ha dicho sobre el origen de la Guerra Civil ante la presencia aquiescente de Pablo Casado o la libertad de expresión daría cobertura a su discurso mendaz como lo da a la estupidez de los terraplanistas? Lo digo porque la nueva ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno Sánchez establece la creación de una fiscalía de sala para la memoria democrática dentro de la Fiscalía General del Estado.
Al encargado de esta labor le tocará garantizar la investigación de los crímenes del franquismo, aunque el Ejecutivo –curándose en salud– habla de las limitaciones que surgirán. No solo porque muchos de los culpables ya han fallecido, también por la prescripción y la irretroactividad de los delitos de esa etapa. Si no lo entiendo mal, se trata de contar con un fiscal que, en la mayoría de los casos, no podrá actuar, lo cual puede resultar peor que la impunidad a la que estamos acostumbrados, pues se generan hoy unas expectativas que acabarán estrellándose contra la realidad legal fraguada durante la transición. Tampoco podrá hacer nada contra mensajes como los que emite Camuñas, cuyos equivalentes en Alemania le costarían muy caro. Será este fiscal, me temo, alguien dedicado a las bellas palabras para mantener la calidad reputacional –uso el palabro de moda– del Estado en una materia en la que el suspenso es estrepitoso, como señaló el relator de las Naciones Unidas.