Los ingresos por las multas que se imponen en los juzgados, a modo de sanción y en muchas ocasiones como conmutación de condenas, se han disparado un 25% en el primer semestre del año respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, marcado por las restricciones de la pandemia, según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ. Unos ingresos que van a parar a las arcas del Tesoro Público y no a las cuentas del Ministerio de Justicia.