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Fecha de publicación: 
Jueves, Julio 8, 2021
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos el pasado martes al general retirado Paulino Coronado (quien fue comandante de la Brigada 30 del Ejército), a otros nueve militares y un civil por 120 asesinatos y 24 desapariciones que fueron presentadas como bajas en combate entre el 2007 y el 2008 en el Catatumbo, Norte de Santander. De acuerdo con las investigaciones de ese tribunal alrededor de estos crímenes de lesa humanidad fueron quemados expedientes y creadas versiones con el propósito de evadir los procesos penales y disciplinarios. 
 Tras la decisión judicial, como un espaldarazo a esa medida, la Embajada de Estados Unidos “reconoció” la acción de la JEP como un mecanismo que obliga a los principales responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad a que rindan cuentas sobre sus actos, con el objetivo de impartir justicia para las víctimas y garantizar la no repetición de estos delitos. Vendrán, por lo menos, otros cinco autos similares, que tienen como factor común que esta serie de asesinatos respondían a la presión por bajas de supuestos terroristas, para lo cual se idearon estrategias para cumplir con las exigencias en los resultados. 

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