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La Corte de Apelaciones de Iquique envió un oficio a la Policía de Investigaciones (PDI) para que informe sobre las medidas adoptadas para permitir el ingreso de abogados a sus cuarteles en aquellos casos de personas migrantes que enfrentan procesos de expulsión administrativa en Chile.
Según consignó Radio Cooperativa, la decisión de la Corte tuvo lugar después de una presentación del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y las clínicas jurídicas de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado. Desde el SJM detallaron a la emisora que al tribunal consideró el fallo del 13 de mayo de este año, en el cual la Corte Suprema ordenó que se asegure la permanente asesoría jurídica, sin ninguna distinción, a las personas que se encuentren privadas o restringidas en su libertad dentro de sus dependencias.