En su última sesión ordinaria, el Senado aprobó un proyecto de ley, presentado por Enrique Riera (ANR) y Abel González (PLRA), que impone una multa de 44.000 guaraníes a quienes incumplen, sin causa justificada, su deber constitucional de votar en los comicios municipales y generales. Mientras no sea abonada ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el infractor no podrá realizar trámites ante varias instituciones. Se plantea la pregunta de por qué es tan baja la participación electoral. La respuesta no tiene que ver tanto con que, de hecho, el sufragio no es obligatorio ni con que en las zonas rurales los locales de votación no son muy accesibles. La cuestión de fondo es el descrédito de la casta política, signada por la corrupción, la ineptitud y la hipocresía: como no abundan los candidatos atractivos, mucha gente prefiere quedarse en casa y no pasar por idiota.