Estoy aplastado en la tribuna de prensa del Parlamento de Canarias. Sobre mí, como sobre el espinazo de todos los presentes, caen las decenas, cientos, miles de millones que el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, anuncia un día tras otro desde que salimos del confinamiento pandémico. No sé cuánto dinero es ya. Un río de euros incesante que salen triunfalmente de la boca de Rodríguez para dejar claro a la oposición que no tiene nada que hacer y a los ciudadanos que no hay que preocuparse: Dios (es decir, el Gobierno) proveerá. Y entonces se consolida mi convicción de que esto no va a salir bien. No quiere decir que, necesariamente, todo este dineral esté cebando una catástrofe, pero no se van a conseguir los objetivos que cacarea el vicepresidente, más retóricos que económicos. En primer lugar la administración autonómica –por no hablar de cabildos y ayuntamientos– no está en condiciones –y me refiero a condiciones técnico-administrativas y organizacionales- de gastar toda esa pasta. ¿Recuerdan esos 1.144 millones en ayudas directas a pymes y autónomos transferidos por el Gobierno central? “Canarias recibirá más dinero que nadie y más que nunca”, gritó entusiasmado Román Rodríguez. Pues bien: el plazo de solicitud se cerró el 28 de julio, y hasta el día de hoy, dos meses después, solo se habían concedido 100 millones. Lo mejor hubiera sido, por supuesto, y tal y como se ha hecho en Estados Unidos, Alemania y Japón, que el propio Estado inyectase este dinero a las empresas desde el conocimiento que tiene el Ministerio de Hacienda de su situación fiscal. Se manda un cheque o se hace un ingreso en la cuenta corriente y sanseacabó. En el hispánico modo se actúa como si esto no fuera una emergencia y las pymes pudieran esperar semanas o incluso meses para disponer de una mínima liquidez. Pese a la ayuda de las Cámaras de Comercio se está haciendo mal, y no con ánimo destructivo: sencillamente los procedimientos administrativos tradicionales son demasiado lentos, torpes y, en este caso, letales.