MIRA:
El documento señala que, desde el año 2017, Pérez Gómez ha sido “objeto de diversos eventos de riesgo” y, pese a que el Estado peruano ha implementado seguridad policial para que pueda cumplir su labor, “las medidas adoptadas no habrían mitigado o desaparecido la situación de riesgo que viene enfrentando el propuesto beneficiario”.
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Por esa razón, la CIDH solicitó al Estado peruano que “adopte las medidas necesarias para garantizar que Pérez Gómez pueda cumplir su labor como fiscal sin ser objeto de amenazas” y que “informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución, y así evitar su repetición”.