Será por mis pocas luces pero a mí me cuesta entender el pollo que se ha montado con la ampliación, abortada de momento , del aeropuerto del Prat de Llobregat. ¿De verdad pretende alguien que nos creamos que los responsables de una inversión de 1.700 millones de euros prevista desde hace varias legislaturas no dispusieron nunca de un informe sobre los daños que sufriría el humedal de la Ricarda, protegido por la Unión Europea? ¿Acaso no advirtieron a los ministros y los dos presidentes, el del Gobierno y el del Govern, la legión de asesores con la que cuentan, detallándoles no sólo las consecuencias de tipo ecológico que se presentarían sino el impacto que habría de producir la noticia de la reforma del aeropuerto en los medios de comunicación y, más allá, en toda la sociedad catalana? Y quizá lo más significativo de todo, los altos cargos de la política con sede en Madrid y en Barcelona, ¿no sopesaron entre ellos esas dificultades antes de que la noticia de la inversión se hiciese pública? Más aún, ¿de verdad se decidió suspender su pago con cargo a los fondos del Estado sin hablar siquiera desde la Moncloa con la Generalitat?