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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró que el Estado venezolano es responsable de la ejecución extrajudicial de dos hombres, motivada por discriminación por edad y condición económica, en un caso que data del 2003.
Se trata de Jimmy Guerrero y su tío Ramón Molina, quienes fueron asesinados a manos de agentes de la policía en el estado de Falcón, en el noroeste del país, en marzo de 2003.
La sentencia de la Corte, con sede en Costa Rica, explica que Guerrero fue víctima de “hostigamiento, detenciones ilegales y arbitrarias y actos de tortura”, y así lo había denunciado ante entidades estatales en varias ocasiones y la prensa.
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