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Plus Ultra, un escándalo sin aclarar el Ejecutivo recibió ayer otro varapalo judicial. La decisión de una jueza de ordenar la suspensión cautelar, por falta de justificación acreditada, de la entrega de 34 millones de euros por parte del Gobierno a la compañía aérea Plus Ultra, prevista para el 28 de julio, evidencia, más allá del recorrido final del asunto, la tendencia del Ejecutivo a actuar con una prepotencia y arbitrariedad impropias de una democracia, ignorando las posibles consecuencias judiciales de sus actos. Estos dos reveses en los tribunales son solo los últimos capítulos de una larga lista de encontronazos de este Gobierno con la Justicia y los órganos consultivos. El propio Constitucional ya declaró no ajustado a derecho el nombramiento por decreto de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE y la disposición mediante la cual se incluyó al entonces vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada del Gobierno

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