denunció los hechos ante la opinión pública en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado iniciaron las pesquisas para tratar de determinar
quién era el autor de las amenazas. Investigaciones en su mayor parte infructuosas: las huellas dactilares no arrojaron resultados y el seguimiento de los buzones desde los que se enviaron los sobres no sirvió para dar con el responsable. Hasta que por fin, el pasado 20 de julio, el juzgado de Instrucción número 3 de Madrid archivó las diligencias abiertas en torno a este episodio ante la imposibilidad de identificar a quien envió las cartas -los agentes sospechan que se trata de una única persona-.