Daniel Canales Anzola, representante de AI en España y abogado de Ligia, señala que el 15 de febrero de 2017 interpusieron la denuncia ante la entonces PGR, hoy Fiscalía General de la República, y el Gobierno mexicano pidió apoyo a la Fiscalía Provincial de Madrid, quien informó que había muy pocos datos del caso.
“A raíz de que interponemos la denuncia México pide colaboración de la fiscalía española, pero al cerrase el caso allá la fiscalía mexicana considera, luego de tres años de investigación, que no puede formular una acusación individual o concreta y no está legitimada para ejercer acción penal”, señala el abogado en entrevista desde España.