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Por Jorge Molina Araneda
“Hasta 1979 e incluso 1980, las páginas de El Mercurio llamaban a remates públicos de enormes predios, casi todos de aptitud forestal. La crisis económica generalizada de esos años permitía que solamente un puñado de instituciones, por lo general bancarias, pudiese acceder a esos remates y comprar a ‘huevo’ esos campos. Al mismo tiempo se vendían las fábricas de celulosas que había construido el Estado, los aserraderos, en fin, se privatizó el sector forestal de manera completa. En esos años se realizaron estudios que demostraban que la compra del predio forestal, las plantas de pino que donaba la Conaf, los subsidios de mano de obra y el famoso decreto ley 701 que subsidiaba las plantaciones, hacía que esos bosques fueran gratis, totalmente pagados por el Estado”.